En los últimos días de 2025, diversos medios de comunicación informaron que el Estado peruano quedó obligado a pagar cerca de 100 millones de dólares al consorcio Kuntur Wasi tras un laudo arbitral internacional.
Este pago, que incluye intereses y costos adicionales, favorece a una empresa que enfrentó cuestionamientos desde la adjudicación del contrato de concesión para el aeropuerto internacional de Chinchero en 2014, así como durante las adendas y la posterior resolución del acuerdo.
Las condiciones de la concesión y las decisiones administrativas adoptadas por diferentes gobiernos resultaron sistemáticamente beneficiosas para el consorcio.
El proceso se originó tras la concesión del aeropuerto a Kuntur Wasi, vinculado a Aeropuertos Andinos, en medio de dudas sobre su capacidad financiera para ejecutar el proyecto. La oferta presentada por el consorcio implicaba asumir costos elevados, lo que generó escepticismo en sectores técnicos y políticos.
Ante la imposibilidad de reunir los fondos necesarios, el Estado suscribió una adenda que comprometía recursos públicos para respaldar financieramente a la empresa. Esta decisión motivó investigaciones judiciales contra funcionarios, entre ellos el entonces ministro Martín Vizcarra, por el presunto favorecimiento a la compañía privada.
La Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación abrieron indagaciones respecto a la legalidad de las actuaciones estatales, aunque los resultados no esclarecieron plenamente las responsabilidades.
El contrato, finalmente resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), derivó en una nueva obligación indemnizatoria para el Estado. Tras la rescisión, el proyecto se transfirió a un esquema de cooperación Gobierno a Gobierno (G2G) con Corea del Sur, mientras que Kuntur Wasi inició un arbitraje internacional por supuestos incumplimientos contractuales.
(infobae)