Luego de que un juez federal de Estados Unidos declarara al Perú en rebeldía procesal (default) por no cumplir con el pago de un laudo arbitral internacional por más de un año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que «ha gestionado el pago» de los US$91 millones ordenados a favor de Kuntur Wasi, exconcesionaria del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC).
Consultado por el diario La República, el MTC precisó que el pago del laudo arbitral «ya está devengado, para que se gire el dinero». Es decir, todavía no está efectuado, pero sí listo para ser transferido. Sobre la fecha de ejecución del desembolso, el sector indicó que dicha obligación recae en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este diario trasladó la consulta al sector que dirige la ministra Denisse Miralles. Sin embargo, transcurrido cinco días, no ha habido ninguna respuesta.
El pronunciamiento ocurre tras la decisión del juez Richard León, del Tribunal del Distrito de Columbia, quien a finales de diciembre determinó que el Estado peruano incurrió en incumplimiento al no honrar durante más de un año el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Según el fallo judicial, el Perú no compareció ni presentó escritos de defensa en el proceso de ejecución del laudo, lo que motivó la declaración de rebeldía y confirmó la exigibilidad de la obligación financiera. Esta situación habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo u otras medidas coercitivas sobre activos del Estado peruano en el exterior.
Perú busca cerrar contingencia internacional
Cabe recordar que el Tribunal de Columbia ya había declarado en mayo de 2025 a Perú en rebeldía por este mismo caso, ante el incumplimiento del pago ordenado, sin que hasta ese momento se hubiera efectuado el desembolso correspondiente.
En un comunicado de prensa difundido este miércoles, el MTC señaló que la gestión del pago del laudo se realizó tras un proceso de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades del Estado, con el objetivo de cumplir una obligación internacional, cerrar la contingencia legal y evitar mayores costos financieros derivados de intereses adicionales y eventuales procesos de ejecución forzosa.
El sector sostuvo que honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica del país, así como la confianza de los inversionistas, luego de un episodio que expuso al Estado a un riesgo reputacional en el ámbito internacional.