Miraflores, Lima
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La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, ha hecho un llamado a la calma y a la concertación ante la tensa situación que atraviesa Machu Picchu, epicentro de un conflicto que ha paralizado el transporte turístico hacia la emblemática ciudadela inca. León precisó que las concesiones del servicio de transporte no son competencia directa del Ejecutivo, sino de las autoridades locales y regionales, lo que complica la solución inmediata al problema.
Una crisis que va más allá del turismo
El conflicto, desencadenado por disputas sobre la concesión del transporte hacia Machu Picchu, no solo afecta la experiencia de miles de turistas nacionales y extranjeros, sino que también pone en riesgo la seguridad en la zona. En conversación con Canal N, Desilú León expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos registrados en la zona, que han derivado en actos de violencia y bloqueo de rutas, generando un ambiente de incertidumbre y temor.
“Esto no solo perjudica a la actividad turística, también pone en riesgo la integridad de quienes visitan este patrimonio cultural”, sostuvo la ministra. La crisis ha dejado pérdidas económicas que superan los dos millones de soles, afectando directamente a más de 31 mil empresas vinculadas al sector turístico, incluyendo hospedajes, restaurantes, guías turísticos y artesanos, que dependen de la afluencia de visitantes.
¿Quién tiene la responsabilidad sobre las concesiones?
León fue clara en precisar que la administración y concesión del transporte turístico en Machu Picchu es una competencia de los gobiernos locales y regionales. El Ejecutivo, sin embargo, ha venido articulando acciones para mitigar el impacto económico y social que esta paralización genera en la región.
En ese sentido, la ministra detalló que se han coordinado medidas de seguridad con la Policía Nacional para garantizar un traslado seguro a los turistas y proteger la integridad de las personas. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mantiene un diálogo constante con las autoridades locales para buscar una solución consensuada y evitar que la crisis se prolongue.
(Caretas)