Miraflores, Lima
Lunes a Viernes
Mientras el Congreso promociona su nueva Ley del Turismo como una fórmula para reactivar el sector, desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que los problemas estructurales no se resuelven con zonas especiales ni incentivos tributarios.
Víctor Fuentes Campos, gerente de políticas públicas del IPE, es claro: “Nada de esto se resuelve con los incentivos tributarios de la Nueva Ley del Turismo”, afirma para La República.
Y es que, pese a representar alrededor del 3% del PBI y generar 1,2 millones de empleos —aún por debajo del nivel prepandemia—, el turismo sigue estancado. La llegada de extranjeros no despega, Cusco mantiene un déficit de empleo turístico de hasta 35% frente a 2019 y, mientras tanto, Machu Picchu sigue vendiendo boletos… a mano.
El espejismo de las ZEDT
Una de las medidas centrales de la nueva normativa son las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT). Pero el IPE lanza una advertencia severa: podrían convertirse en simples paraísos fiscales, sin impacto real sobre la competitividad ni la sostenibilidad del sector.
“El problema de este tipo de beneficios es que son difíciles de evaluar. Si no se puede medir su impacto, ¿qué sentido tiene renunciar a esos ingresos fiscales?”, sostiene Fuentes. Y agrega: “Si son permanentes y no temporales, como debería ser cualquier incentivo tributario bien diseñado, se vuelven regresivos y costosos”.
Más preocupante aún es quién decide dónde se aplican: las direcciones regionales. “Eso abre espacio para decisiones poco técnicas, clientelismo político y corrupción. Ya lo hemos vivido en otros sectores”, recuerda.
No se trata de exonerar, sino de conectar
Para el IPE, la solución no está en crear privilegios fiscales, sino en facilitarle la vida tanto al turista como a los operadores. Hoy, la infraestructura juega en contra: la conectividad internacional es mínima fuera de Lima, los aeropuertos regionales están en abandono y la seguridad sigue generando alertas desde embajadas como la de Estados Unidos.
“El turista extranjero, el que más gasta, no tiene cómo llegar directo a las regiones. No hay vuelos internacionales a Cusco, Arequipa o Piura. Para ir de una ciudad a otra, muchas veces tienes que volver a Lima. Es absurdo”, subraya Fuentes.
Y el aeropuerto Jorge Chávez, aún con la ampliación en curso, acumula retrasos. Peor están los de Chincheros, Jauja o Juliaca. Y con Corpac de por medio, los escándalos de gestión están lejos de acabarse.
Una visión que trascienda Machu Picchu
El IPE también apunta a un cambio de paradigma: dejar de pensar en llenar Machu Picchu y comenzar a crear experiencias turísticas más diversas. “No puede ser que sigamos dependiendo de un solo atractivo. Tenemos paisajes, cultura, gastronomía… y ahí están olvidados Choquequirao o Sacsayhuamán, sin un plan serio”, dice Fuentes.
Todo esto requiere una estrategia de promoción más agresiva, moderna y digital. Y aunque suene increíble: en pleno 2025, los boletos a Machu Picchu aún se venden a mano. “Es inconcebible”, remata.
El mensaje es contundente: el turismo necesita políticas públicas serias, no paliativos fiscales con sabor a populismo. Porque no se trata de dar exoneraciones, sino de hacerle el camino más corto, más seguro y más atractivo tanto al turista como al emprendedor.
(LaRepública)