Poder Judicial Ordena 18 meses de Prisión Preventiva contra Pedro Castillo

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo tras el pedido hecho por la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión y otros tras el golpe de Estado.

Durante la audiencia que se realizó este jueves 15 de diciembre el Ministerio Público estimó en su requerimiento de prisión preventiva que Castillo Terrones podría ser condenado a diez años de cárcel.

Asimismo, para Aníbal Torres, en su condición de Asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), le dictaron comparecencia con restricciones. El fiscal supremo Alcides Chinchay señaló que apelarán esta decisión contra el también exprimer ministro, por el cual también solicitaron prisión preventiva.

En la misma sesión, el representante del Ministerio Público sostuvo que son necesarios los 18 meses de prisión preventiva para realizar otras fases del proceso en contra del exjefe de Estado y continuar con más diligencias.

El exmandatario es investigado como presunto coautor de rebelión, y, alternativamente, conspiración, y también como presunto autor de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Mientras a Torres Vásquez, en su condición de Asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), como supuesto coautor del delito de rebelión y conspiración.

Como se recuerda, la detención preliminar contra Castillo Terrones terminaba el último miércoles por la tarde, pero se extendió por la formalización de la investigación preparatoria contra él y Torres Vásquez.
Paralelamente, este jueves, el abogado Raúl Noblecilla presentó un recurso de hábeas corpus a favor de Pedro Castillo ante el Poder Judicial, en el que plantea que el expresidente sea liberado y que se anule su vacancia aprobada por el Congreso.

El documento fue admitido a trámite por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima y demanda al Congreso de la República por supuestamente haber vulnerado el derecho constitucional a la libertad personal, entre otros, del exjefe de Estado.

(Correo)