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Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Diversas Materias para la Atención de la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19
28 marzo, 2020

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Diversas Materias para la Atención de la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19

Ley N° 31011

Mediante esta Ley, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la vigencia de esta Ley, sobre las materias específicas conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

La delegación de facultades comprende la facultad de legislar sobre las siguientes materias:

  1. En materia de salud, con el objetivo de dictar medidas que permitan la adecuada y plena prestación de los servicios de prevención y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19.
  2. En materia de política fiscal y tributaria, para suspender temporalmente reglas fiscales vigentes y establecer medidas para la reactivación económica nacional; para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT); modificar la legislación tributaria respecto del impuesto a la renta en cuanto a procedimiento de pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, plazos de depreciación, gasto por donaciones; rediseñar, eliminar y/o modificar regímenes tributarios simplificados para los micro y pequeños contribuyentes y otros aplicables a los micro y pequeños contribuyentes; prorrogar y ampliar el ámbito de aplicación del régimen de devolución de la Ley 30296; prorrogar el plazo de la autorización a la SUNAT para ejercer funciones en el marco de la Ley N° 27269.
  3. En materia de promoción de la inversión para establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar los proyectos de inversión; y para mejorar y optimizar la ejecución con la finalidad de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución.
  4. En materia de seguridad ciudadana y orden interno, para establecer las medidas que regulen las acciones de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el respeto irrestricto del derecho a la vida y la integridad.
  5. En materia de trabajo y promoción del empleo, con la finalidad de garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
  6. En materia de educación, a fin de aprobar medidas orientadas a garantizar la continuidad y calidad de la prestación de los servicios de educación en todos los niveles, en aspectos relacionados a educación semipresencial o no presencial, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
  7. En materia de prevención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad (personas en situación de pobreza, mujeres e integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles) para establecer programas, acciones y mecanismos que permitan su atención y facilite la asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  8. En materia de bienes y servicios para la población, con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos, gestión interna de residuos sólidos, la continuidad de la cadena logística y sus actividades conexas, los servicios esenciales y los derechos de los consumidores y usuarios, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, la reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante o como producto de la emergencia, y la preservación del patrimonio cultural de la nación.
  9. En materia de protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
  10. En materia de promoción cultural y de turismo, así como fomento de la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado, la protección del derecho de los consumidores y el sistema concursal, a fin de dictar medidas para amortiguar el impacto y promover la reactivación económica en estas actividades, en el contexto del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.

Con relación a la delegación de facultadas efectuada, demos resaltar lo siguiente:

 En el numeral 2, referido a la política fiscal y tributaria, no se ha incluido la facultad de otorgar exoneraciones, inafectaciones y/o condonación de deudas tributarias; por lo que el Poder Ejecutivo no podrá otorgar ninguno de estos beneficios.

  • En el numeral 5, referido a trabajo y promoción del empleo, se han delegado facultades de legislar con la finalidad de garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los trabajadores; lo que significa que se endurecerán las normas laborales que protegen los derechos de los trabajadores y que la SUNAFIL estará más activa en ese sentido.
  • En el numeral 9, referido a la protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, lo positivo es que se ha incluido a las grandes empresas en las medidas de reactivación y protección.
  • En el numeral 10, referido a la promoción cultural y de turismo, lo positivo es que se dictarán medidas específicas para estos sectores económicos que permitan amortiguar el impacto y reactivar sus actividades.

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